La guerra y los crímenes de guerra son temas extremadamente complejos y sensibles, que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia. La realidad es que, tanto los conflictos internos como los externos, conllevan la pérdida de vidas humanas y causan un gran sufrimiento a la población civil. Es importante analizar y reflexionar sobre este tema para comprender la necesidad de juzgar a quienes promueven la guerra desde el poder del estado.
En gran parte de los países, los conflictos armados son promovidos y decididos por un selecto grupo de individuos que ocupan posiciones de poder político o militar. Estos líderes, en muchas ocasiones, no son directamente afectados por las consecuencias de la guerra, ya que es la población civil y los soldados que se ven directamente expuestos a la violencia.
Uno de los ejemplos más claros para comprender esta situación es la utilización de reclutas o soldados rasos en los ejércitos. Estas personas, en su mayoría personas comunes y corrientes, son arrancadas de sus hogares y convencidas de luchar por causas que, a menudo, no entienden del todo.
Es triste y preocupante ver cómo aquellos que toman las decisiones de guerra, se alejan de los peligros físicos y emocionales, mientras envían a otros a combatir y arriesgar sus vidas.
Los gobernantes y líderes que promueven la guerra muchas veces obtienen ganancias políticas, económicas o territoriales de estos conflictos. Asistimos a situaciones en las que los intereses individuales y de poder pueden superar las necesidades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta falta de responsabilidad y la búsqueda desmedida de beneficios personales contribuyen al prolongamiento de los conflictos armados y a la perpetuación de los crímenes de guerra.
Un ejemplo palpable de esta situación es la guerra civil en Siria, que lleva más de una década de devastación. Durante este conflicto, hemos sido testigos de graves violaciones a los derechos humanos, como la matanza de civiles, el uso de armas químicas y el desplazamiento forzoso de millones de personas. A pesar de que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han instado a una resolución pacífica, el conflicto sigue en curso, y son los civiles los que pagan el precio más alto.
Es fundamental que las personas que promueven y toman decisiones que conducen a la guerra sean juzgadas y responsabilizadas por sus acciones. Se debe exigir la rendición de cuentas y evitar la impunidad. Esto no solo garantizará justicia para las víctimas, sino que también puede servir como un disuasivo para futuros líderes que estén considerando iniciar conflictos bélicos sin justificación legítima.
Además, es importante impulsar alternativas a la guerra como la diplomacia, el diálogo y la negociación. La comunidad internacional debe apoyar y promover estos enfoques para resolver conflictos, y los líderes políticos deben ser conscientes de que existe una responsabilidad compartida para garantizar la paz y el bienestar de sus ciudadanos.
Entonces, se habla de los crímenes de guerra como si la guerra misma, por si sola, no fuera ya un espantoso crimen contra la humanidad.
Los conflictos armados son promovidos por personas que ocupan posiciones de poder y rara vez enfrentan las consecuencias directas de la guerra.
Es necesario darle la vuelta al discurso actual y juzgar a quienes promueven la guerra desde el poder del estado, para construir un mundo más justo y pacífico.
Debemos fomentar la rendición de cuentas, impulsar alternativas no violentas y promover la paz como un objetivo común de la humanidad. Solo así podremos superar los horrores y tragedias de la guerra y establecer un futuro mejor para todos.
